La actual escasez de mano de obra que afecta a los centros de cuidados a largo plazo, como las residencias de ancianos, no se produjo de la noche a la mañana. Desde 2020, el número de empleados que trabajan en estos centros ha disminuido. Son muchos los factores que han contribuido a esta disminución, entre ellos las secuelas de la pandemia y los bajos salarios.
Cuando un centro no cuenta con el personal suficiente, la salud de los residentes puede verse descuidada, ya que el escaso número de trabajadores se ve desbordado a la hora de atender todas sus necesidades. Los empleados, por su parte, pueden sufrir agotamiento y estrés laboral al intentar cumplir con sus obligaciones sin el apoyo necesario.
Para hacer frente a este problema, en mayo de 2026 entrará en vigor una nueva normativa federal que establece una norma mínima de dotación de personal para los hogares de ancianos y otros centros. ¿Será esta la solución a la crisis de personal, o acabará esta normativa empeorando la situación tanto para los pacientes como para los empleados?
Un análisis más detallado del mandato
El nuevos requisitos mínimos de dotación de personal requeriría un mínimo de 3,48 horas de personal de enfermería por día y residente. Una enfermera titulada debería aportar 0,55 horas de este total, y los auxiliares de enfermería, 2,45 horas.
Las 0,48 horas restantes podrían ser impartidas por diversos profesionales, entre ellos auxiliares de enfermería, enfermeros titulados, enfermeros prácticos titulados o enfermeros vocacionales titulados.
Además, la normativa exigiría que los centros contaran con una enfermera titulada presente en todo momento.
¿Podrán las instalaciones cumplir con estos nuevos requisitos?
El Asociación Estadounidense de Atención Médica (AHCA) y el Centro Nacional de Residencia Asistida (NCAL) indican que solo el 61 % de los hogares de ancianos en Estados Unidos cumple actualmente con todos los nuevos requisitos de dotación de personal. El 94 % restante tendría que reducir el número de pacientes a los que atiende o aumentar su dotación de personal.
La mejor opción parece ser aumentar la contratación en los hogares de ancianos. Sin embargo, la AHCA y la NCAL indican que, para que los más de 14 000 hogares de ancianos cumplan con la normativa, estas instituciones tendrían que contratar a más de 100 000 nuevos empleados, entre ellos más de 23 000 enfermeros titulados. El costo total de esta iniciativa ascendería a aproximadamente 1,465 mil millones de dólares.
Dada la actual escasez de personal y las dificultades que supone trabajar en un centro de cuidados de larga duración con falta de personal, exigir a las residencias que cumplan con este mandato parece una tarea titánica. Si una residencia de ancianos no puede cumplir con la nueva norma, es posible que no tenga más remedio que reducir el número de residentes a su cargo.
Debido a este efecto, la AHCA y la NCAL estiman que hasta 290 000 residentes de hogares de ancianos podrían verse obligados a abandonar su entorno actual.
La espada de doble filo del mandato federal
Este dilema en materia de dotación de personal pone de relieve los riesgos que el nuevo mandato supone para los residentes de los hogares de ancianos. Aunque su objetivo es mejorar la calidad y el nivel de la atención que reciben los residentes, el mandato podría obligar a algunos hogares de ancianos a reducir el número de residentes a los que atienden.
Sin embargo, uno de los objetivos principales del mandato es reducir la incidencia de que los residentes de hogares de ancianos sean maltratados o abandonados. Si menos residentes y sus seres queridos tienen que recurrir a la vía judicial para obtener reparación por los daños sufridos, tal vez los aspectos positivos de la medida compensen los posibles efectos negativos.
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